Esta mañana ha comenzado en la Sección Diecisiete de la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra la expresidenta del Rayo Vallecano Teresa Rivero, dos de sus hijos, Joaquín Yvancos Muñiz (como secretario consejero), Jesús Fraile Delgado (como gerente y apoderado), Zoilo Pazos Jiménez -sobrino de José María Ruiz-Mateos- (como administrador) y Manuel Sánchez Marín.
Multa al Rayo Vallecano
Según informa EFE, la Fiscalía reclama al Rayo Vallecano una multa de 3.395.000 euros y que responda de forma subsidiaria junto con la empresa Senero por otros 4.050.175 euros. En el juicio comparerá ante el tribunal en representación del Rayo Vallecano su actual presidente, Raúl Martín Presa.
La Sala ha acordado que las sesiones se reanuden este lunes con las declaraciones en primer lugar del presidente del Rayo y de Zoilo Pazos Jiménez, quien así lo ha solicitado.
Según informa Europa Press, “la acusación de la fiscal se extiende también contra el propio Rayo Vallecano. De hecho, su presidente, Raúl Martín Presa, se ha sentado en el banquillo junto al resto de encausados para responder por presuntos delitos que, aunque no se cometieron durante su etapa al frente del club, sí que incumben a la entidad deportiva como responsable civil subsidiaria“.
La sesión comenzó con la petición del abogado de Teresa Rivero y de sus hijos de la nulidad del procedimiento; al entender que arranca de una documentación aportada por la Abogacía del Estado de forma irregular. La Audiencia de Madrid ha rechazado este la petición.
Teresa Rivero se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados junto a dos hijos suyos y el resto de acusados. Cada uno de los cuales se enfrentan a una petición de la Fiscalía de once años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el pago del IVA y el IRPF de los años 2009, 2010 y 2011 de la sociedad contribuyente Rayo Vallecano Sociedad Anónima Deportiva (S.A.D.). Además solicita que sean condenados a multas de 14.250.000 euros y que indemnicen a la Hacienda Pública en los 10.800.000 euros supuestamente defraudados.
Según la Fiscalía los procesados, puestos de común acuerdo y sirviéndose de sus diferentes cargos, llevaron a cabo distintas operaciones para eludir consciente y voluntariamente el pago de los tributos correspondientes a los citados ejercicios ocultando ante la Agencia Tributaria la verdadera identidad de los auténticos gestores del Rayo Vallecano.