El Rayo Vallecano realizó en octubre una campaña de abonos polémica tras meses de espera de la afición rayista. Unas medidas rápidas que han supuesto decisiones que están perjudicando a algunos aficionados. Concretamente a los abonados discapacitanos.
En primer lugar, estos tipos de abonos son los más castigados en los precios respecto a la última temporada en Primera (18-19) con una subida del 32%. La temporada siguiente, tras la firma del convenio, la subida ya fue considerable siendo el precio más caro incluso en Segunda que en Primera.
Pero no queda ahí la cosa. La Federación de Peñas, presidida precisamente por Antonio Castilla (presidente de la Peñas Los Discapacitados) denunció varios «atropellos» en la campaña de abonos. Entre ellos la que sufrían este colectivo. En concreto con las personas ‘acompañantes‘ que acudían junto a ellos.
Desde hace años se llegó a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para que estos acompañantes pagasen el mismo precio que los abonados discapacitados. A partir de este año se ha roto este ‘pacto’ pagando incluso el doble (más de 200 euros). Además, los afectados denuncian que ya no están cerca de sus acompañantes ya que han reubicados aficionados a los asientos más cercanos a los discapacitados. Una decisión que puede afectar a la seguridad de dichos abonados (no todos se valen por sí mismos) así como los aficionados del resto de la grada. También en este comunicado se denuncia que los baños portátiles de la Albufera, donde se encuentra su ubicación, no son accesibles también para estas personas.
Antonio Castilla lo denunciaba en nuestra #TertuliaUR la pasada semana: «Habiendo 14.500 asientos; tendría que haber 290 plazas de discapacitados» (alrededor de una cada 50 asientos). «Vamos a solicitarlo, la ley nos ampara«, dijo el presidente de Peñas que aseguró que harán todo lo posible por lograrlo.
Sin estrenar los nuevos accesos
Hay que recordar que en 2018 con las obras de la ITE se dispuso una nueva grada de discapacitados en la grada de Arroyo del Olivar. Se creó incluso una rampa de acceso; pero no ha sido utilizada aún.
Esta mejora en el estadio del Rayo respondía a una obligación jurídica en cumplimiento de la Ley 8/1993 de 22 de junio de la Comunidad de Madrid de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.