Cuenta atrás para una gran parte del parque móvil de Madrid. Según la normativa del Ayuntamiento de la capital española, el próximo 1 de enero de 2026 ningún vehículo sin el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) podrá circular por las carreteras de la ciudad. Así será salvo que la petición de la asociación Dvuelta salga adelante, que es la de suspender la aplicación de las Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al menos hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso judicial interpuesto por el consistorio tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que falló en contra de la normativa.
De acuerdo con los datos que maneja Dvuelta, se estima que la exclusión podría afectar a más de 300.000 vehículos, lo que representa un 15% del parque motorizado censado en Madrid.
Los conductores de Madrid más afectados
En esta organización tienen claro que esta medida es un “castigo económico para los que menos tiene”, en referencia clara a esas familias que todavía cuentan con sus vehículos más antiguos porque no pueden permitirse cambiarlo. A esto suman los trabajadores autónomos, que necesitan de un vehículo para desarrollar su actividad laboral dentro del municipio.
De esta manera, tal y como se explica desde Dvuelta, “la medida es especialmente injusta porque discrimina a la población en función de su poder adquisitivo. La contaminación no es patrimonio de los pobres, pero las restricciones sí lo son”. Añaden desde la organización que el consistorio dirigido por Almeida “está condenando a miles de madrileños a renunciar a su movilidad sin ofrecer una alternativa realista. No hay transporte público adaptado a las necesidades de quienes trabajan en polígonos, hacen turnos o necesitan desplazarse con herramientas o mercancía. Tampoco hay ayudas suficientes para renovar los vehículos”.
En cuanto a las zonas más afectadas por esta media se encuentran los barrios de Carabanchel, Villaverde, Usera, Vallecas o Vicálvaro, que registran la menor renta media de la ciudad. Todos ellos concentran un elevado número de vehículos con más de 10 años de antigüedad y muchos no gozan del distintivo medioambiental de la DGT.
Una prórroga para la aplicación de la medida
Desde Dvuelta considera que los argumentos medioambientales son “cuestionables” ya que según su criterio las políticas de este tipo deberían ser “realistas, graduales y proporcionadas, ya que no se puede construir una movilidad sostenible sobre la ruina de las familias. Lo que se plantea ahora es un cambio abrupto y carente de respaldo social”.
Por todo esto, desde Dvuelta han pedido siete medidas al Ayuntamiento para intentar mitigar estas consecuencias tan negativas a sus ciudadanos, que son las siguientes:
- Suspender la aplicación de las ZBE hasta que el Tribunal Superior resuelva de forma definitiva el recurso judicial interpuesto por el Ayuntamiento tras la sentencia del TSJM que falló contra la normativa.
- Establecer un calendario progresivo de aplicación que permite a los ciudadanos y a las empresas planificar la sustitución de sus vehículos en un plazo renovable, evitando así la exclusión abrupta de cientos de miles de vehículos.
- Implantar un plan de ayudas directas y reales para la renovación del parque automovilístico dirigido sobre todo a familias con menor renta, autónomos y pymes que dependen de su vehículo para trabajar.
- Reconocer la vigencia de los vehículos bien mantenidos mediante un sistema de verificación técnica y medioambiental que determine su nivel real de emisiones.
- Mejorar las alternativas de transporte público y aparcamiento disuasorio.
- Impulsar medidas de eficiencia y movilidad compartida, como incentivos al carsharing, transporte colectivo y vehículos eléctricos.
- Garantizar la transparencia en los datos medioambientales.