La Ley de la Segunda Oportunidad está hecha para eximir de deudas a aquellas personas que no pueden cumplir con sus obligaciones financieras. Más concretamente, esta ley está concebida para apoyar tanto a las personas físicas como a las personas autónomas o que trabajan por cuenta propia al tener un negocio.
Hay que tener en cuenta que estas personas dependen al 100% de los ingresos que son capaces de generar y la estabilidad financiera que han creado a través de sus clientes/as. Sin embargo, pueden suceder problemas que pongan en juego ese sostén financiero.
Es por eso que este Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, permite que se cancelen las deudas y comenzar de nuevo a quienes las tenían. Hoy veremos más sobre la Ley de la Segunda Oportunidad, cómo funciona, de las deudas que permite liberar y cuando no aplica.
La Ley de la Segunda Oportunidad
Como hemos dicho, la Ley de la Segunda Oportunidad beneficia especialmente a algunos sectores de la población. Quienes pueden aplicarla, según el texto original son aquellos/as que “se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando… el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas”.
La ley deja claros otros puntos importantes en materia de aplicación, por lo que añade que “en materia de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, se ha podido constatar que resulta inaplazable atender a la situación económica desfavorable de un importante número de ciudadanos que, no siendo beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita, debe ser objeto de atención en cuanto al impacto que sobre ellos está teniendo el sistema de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional”.
Lo que permite la Ley de la Segunda oportunidad
Vamos a ver de qué deudas permite aliviar la Ley de la Segunda Oportunidad y cuáles son los objetivos y aplicaciones reales de esta en contextos económicos, empresariales y de personas autónomas:
- Lo primero que permite esta ley es que la economía en general se beneficie, ya que hace que personas y empresas puedan deshacerse de sus deudas. Esto hace que en casos fatídicos se pueda salir adelante e, incluso, crear nuevo empleo.
- La Ley de la Segunda Oportunidad también permite que se solventen casos graves de quiebra o insolvencia económica extrema. Esto ayuda enormemente a pequeñas empresas y personas autónomas incluso a poder buscar asesoramiento y tomar medidas antes de que se tenga que dar un cierre o cese de la actividad.
- También permite a empresas cancelar sus deudas y que se empiece de cero. Es decir, liberarse de cargas financieras que en muchos casos son imposibles de abordar.
Las deudas que no contempla la Ley de la Segunda Oportunidad
Lo que pasa sin embargo, al aplicar la Ley de la Segunda Oportunidad es que no exime de todas las deudas, sino de algunas. Las deudas que no pueden ser eximidas están detalladas en el Artículo 489 de la Ley concursal y son estas:
- En casos de multas impuestas al deudor en procesos penales y por sanciones administrativas muy graves.
- En casos de responsabilidad civil derivada de delito.
- En casos de alimentos, por ejemplo la deuda por el impago de una pensión de alimentos.
- En casos de responsabilidad civil extracontractual, relacionadas con muerte o daños personales o indemnizaciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- En casos de créditos de Derecho público. Solo las deudas gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrán exonerarse, siempre hasta un máximo de diez mil euros por deudor.
- En casos de salarios correspondientes a los últimos sesenta días de trabajo efectivo realizados antes de la declaración de concurso, en una cuantía que no supere el triple del salario mínimo interprofesional.
- En casos de costes y gastos judiciales derivados de la tramitación de la solicitud de exoneración.
- En casos de deudas con garantía real (en las que el prestatario pone como aval un bien).