La Comunidad gallega tiene en su registro más de 40.500 gallineros, de acuerdo al decreto estatal que así considera que deben estar y en contra de lo que opinan desde la Xunta de Galicia, que opinan que este trabajo es “poco eficaz” e “ingente” para una administración ya saturada. La gran mayoría de los gallineros se encuentran en la provincia de A Coruña, cerca de 18.500; le sigue Ourense, con 9.300 aproximadamente; después Pontevedra, 7.355; y por último Lugo, con poco más de 5.500.
La obligación de tener dados de alta los gallineros se recoge en el Real Decreto 637/2021, que regula la avicultura. Aunque no especifica concretamente el número de animales al que se puede llegar en cada explotación, en su artículo 2 define que una explotación de autoconsumo es la que no sobrepasa las 0,15 unidades de ganado mayor. Si tenemos en cuenta que una unidad de ganado mayor (UGM) equivale a 200 gallinas ponedoras, hablamos de 30 animales.
Aunque este tipo de explotaciones no pueden comercializar carne ni huevos ni otro tipo de productos, los dueños están obligados a formalizar el registro de las mismas.
Multas importantes por no darlas de alta
Aunque en el Decreto no se recogen sanciones ni multas, sí aparecen los castigos en la Ley de Sanidad Animal. En la misma se específica que las infracciones leves podrán sancionarse con multas de 600 a 3.000 euros o con apercibimientos. Estos últimos sólo se harían si no se observa “fraude o mala fe” por parte de la persona que está siendo investigada.
Para valorar si la sanción es leve, grave o muy grave se tendrán en cuenta diversos aspectos como el número de animales afectados, las situación de la explotación y si el dueño tiene avisos o ha incumplido con la normativa con anterioridad.
Algunos ayuntamientos han registrado en los últimos días un gran número de peticiones de registro en las oficinas rurales de la Xunta. Es el caso del municipio lucense de Bóveda, que ha publicado un bando para informar de que ayudará a los vecinos que lo necesiten con los trámites.
Otras normas
El corral debe respetar unas condiciones mínimas en materia de higiene y bienestar del anima. Además, la normativa obliga a identificar a un veterinario de referencia al que recurrir si aparece un problema sanitario. Esto es otro de los puntos que ha levantado controversia en el gobierno gallego respecto al nacional, pues se considera “una carga burocrática que no tiene en cuenta las particularidades de cada comunidad” e incremente los costes. Desde la Xunta se considera que los límites exigidos deberían limitarse a “unas condiciones mínimas higiénico-sanitarias y de bienestar para las aves y permitir controles oficiales”, pero su propuesta no fue atendida por el Gobierno central y toca, por tanto, cumplir con lo que dice la ley.
¿Cómo hay que proceder?
Desde la Conselleria de Medio Rural, que se opuso al registro obligatorio de corrales para autoconsumo y presentó en su momento cerca de 40 alegaciones a la norma estatal, explica lo siguiente sobre el momento de dar de alta la explotación. Se podrá hacer de dos formas:
- La primera es acudir con el DNI o NIF a una ofician rural de la zona, en la que los servicios veterinarios de la Xunta tramitarán el alta del gallinero y le asignarán un número individual que servirá como identificación única.
- La segunda, mediante Internet. El código REGA s e puede obtener a través de la sede electrónica del gobierno autonómico, en este caso el gallego. Además de los datos personales, en la solicitud de alta hay que especificar el número de animales que hay en la explotación, el emplazamiento y si el sistema de crías es cerrado, si están a cubierto, en abierto, al aire libre, o mixto.