La actio popularis es lo que hoy conocemos en España como la acusación popular, una de las creaciones jurídicas más destacadas de la Antigua Roma. Se trató de un mecanismo que permitió a cualquier ciudadanos intervenir en defensa de los intereses colectivos y en contra de aquellos políticos que abusaban de su posición. Un derecho que era consecuencia directa de res populi, la idea de que ciertos bienes e intereses pertenecen al pueblo, y res publica.
La res publica es el sistema político y jurídico que protege a las res populi y como explicó Marco Tulio Cicerón, filósofo y escritor, su esencia radica en la justicia y el consenso. Este sistema abarcaba tanto a instituciones como valores y se sostenía sobre la idea de que el bienestar de la colectividad debía prevalecer sobre los intereses individuales.
Un hito de la participación ciudadana en la Antigua Roma
La actio popularis marcó un antes y después en la concepción de la participación ciudadana en asuntos públicos y contra la corrupción. Al analizar su naturaleza, la acusación particular era la manifestación práctica de la ideología romana, que colocaba al ciudadanos como guardián del bien común.
Así, como derecho, la actio popularis permitía a cualquier ciudadano actuar en defensa del interés general, incluso si no era un afectado de forma directa. Este principio se basaba en la idea de que la res publica pertenece al pueblo y, por tanto, cualquier daño colectivo es un daño al ciudadano como parte de ese colectividad.
Denuncia contra el abuso de poder de los políticos
Uno de los casos más destacados que se produjo durante la República, cuando ciudadanos comunes podían denunciar a políticos corruptos. Así, por ejemplo, Cicerón utilizó la actio popularis para acusar a Cayo Verres, gobernador de Sicilia, de malversación de fondos y abuso de poder. Los ciudadanos que se sentían agraviados podían unirse en una acción colectiva, lo que aumentaba su voz y la presión sobre las autoridades para actuar.
Cicerón alabó este mecanismo como una extensión del ideal republicano de justicia y de la participación ciudadana. Así, escribe que “nada tiene mayor importancia que la confianza pública, que se preserva mediante la equidad y las leyes que nos rigen”. La actio popularis reforzaba la confianza en las instituciones, pues permitía que los ciudadanos se convirtiesen en defensores activos de la justicia.
La acción popular también se utilizaba para proteger bienes públicos, como templos y caminos. En este contexto, Tito Livio relató como los romanos se movilizaron para asegurar que las infraestructuras del Estado se mantuviesen en buen estado y no fueran desviadas para usos privados.
También se advirtió de que este derecho se podía utilizar de forma abusiva por el pueblo, ya que había casos en los que la actio popularis se llevaba a cabo no por el bien común y sí por venganza personal o para obtener un prestigio político. Esta crítica resaltaba un dilema que está vigente también en la actualidad y es el de como equilibrar el acceso universal a la justicia con la prevención de su mal uso.
¿Cómo se articulaban los casos ante la justicia?
La presentación de una actio popularis ante los tribunales romanos seguía un proceso estructurado:
- Primero, el ciudadano que quería interponer la denuncia debía presentarse ante el pretor, uno de los ocho tipos de jueces que existían en la antigua Roma, que era el que evaluaba si tenía base. La podía admitir o denegar la denuncia. Si eran varios los denunciantes, al más adecuado para representarlos lo seleccionaba de una forma muy parecida a como hora se hace en España cuando hay varias acusaciones populares en una causa.
- Si se aceptaba, se convocaba al demandado para que se defendiera. En el juicio se incluían pruebas testificales y documentales de ambas partes.
- Tras escuchar a ambas partes, el pretor emitía su sentencia.