Varapalo para Airbnb en el arranque de la temporada de verano y con vistas a una época en la que se centra gran parte de su negocio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a pronunciarse en contra de la plataforma de alquiler de vivienda turística y le obliga a eliminar 5.8000 anuncios de alojamientos turísticos que, de acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, no cumplen con la normativa vigente. Y es que este tipo de actuaciones por parte de Airbnb agravan la crisis de acceso a viviendas en determinadas zonas, ya sea para alquiler o comprar a precios razonables, con lo que esto puede cambiar.
Lo que le ha ocurrido a Airbnb no es para nada nuevo. Unas semanas atrás, el mismo tribunal ya había emitido una resolución que avalaba las actuaciones del Ministerio y exigía la retirada de miles de anuncios que se consideraban ilegales. Desde la plataforma se decidió presentar un recurso de reposición para intentar frenar la orden, pero ahora la justicia ha vuelto a dar la razón al Gobierno y a confirmar que esos anuncios deben desaparecer de los soportes de Airbnb en los que se anuncian.
Un gran impacto en las comunidades turísticas
Los anuncios que deben ser retirados tras la decisión del Tribunal Supremo son aquellos de viviendas turísticas situadas en varias comunidades autónomas con una mayor presión del mercado inmobiliario y turístico: Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco. Según ha explicado el Ministerio de Consumo, muchos de estos alojamientos incumplen uno o varios de los siguientes requisitos:
- No cuentan con licencia válida para operar como alojamiento turístico.
- Han incluido identificadores falsos.
- Se desconoce la identidad jurídica de quienes están ofreciendo el piso en alquiler.
Bustinduy, ministro de Consumo, ha valorado esta nueva decisión judicial como un paso relevante en la lucha contra el alquiler turístico ilegal y ha asegurado que “ninguna plataforma, por grande que sea, puede saltarse las leyes”. Ha señalado que existen empresas, fondos de inversión y plataformas digitales que están consiguiendo beneficios millonarios a costa de dificultar el acceso a la vivienda para miles de familias en España. Ante ello, desde el Gobierno “no vamos a permitir que el mercado turístico crezca a base de pisotear el derecho a la vivienda”, aseguró el ministro.
Ilegalidad generalizada para Airbnb
Este nuevo auto del Tribunal Superior de Justicia madrileño forma parte de un proceso mucho más amplio. El pasado mes de mayo, el Ministerio de Consumo ya había solicitado a Airbnb el bloqueo de nada más y nada menos que 66.000 anuncios que se consideraban ilegales ya que no cumplían con los requisitos mínimos exigidos por las normativas autonómicas. La orden de eliminar los 5.800 anuncios confirmada recientemente por el Tribunal corresponde al primeros de los tres requerimientos emitidos por el Gobierno. El ministro Bustinduy ha señalado que espera que las resoluciones pendientes sigan la misma línea, aunque reconoce que la empresa probablemente haya recurrido todas las órdenes.
Además, Bustinduy ha remarcado de nuevo la necesidad de que el Gobierno colabore de forma estrecha con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para frenar lo que lo que ha llegado a calificar como una situación de “ilegalidad generalizada” en el mercado del alojamiento turístico. Según dijo el ministro, este tipo de anuncios no sólo vulneran leyes, sino que agravan la crisis de acceso a la vivienda en zonas en las que ya hay dificultades importantes para alquilar o comprar a precios considerados como razonables.