Desde el Gobierno de Pedro Sánchez se trabaja en diferentes frentes y uno de ellos es el de la Ley de Consumo Sostenible, una normativa que tiene como objetivo impedir la publicidad de combustibles fósiles y que tendrá consecuencias sobre las empresas de carbón y petróleo, pero también sobre aquellos transportes con alternativas menos contaminantes, como el tren y los vehículos eléctricos. Si sale adelante, todavía se tiene que aprobar, muchos la comparan, por su carácter restrictivo, con la Ley Antitabaco que entró en vigor en la Unión Europa en 2005.
Contra el postureo en el sector
La normativa busca favorece la transición ecológica y supondrá un golpe para todas aquellas afirmaciones genéricas que se emplean a modo de postureo en el sector. Se incluirán otras cuestiones, como un año de garantía para productos reparados, facilidades para los arreglos y un etiqueta de durabilidad.
Todos estos puntos, y otros más, se recogen en el borrador elaborado por el Ministerio de Consumo, pero todavía puede que existan modificaciones, por lo que no es definitivo. La idea es que se presente en las próximas semanas y después tendrá que pasar el trámite parlamentario. Si todo sale adelante, se estamos ante una legislación que será muy restrictiva sobre todo aquello que está vinculado con los combustibles fósiles, siguiendo el modelo de la Ley Antitabaco que entró en vigor en 2005 en el viejo continente. Desde entonces, se han ido reduciendo los espacios en los que se permite fumar, se ha eliminado toda la publicidad posible y ahora se está planteando un etiquetado genérico para ocultar las marcas comerciales de cada empresa del sector.
En los últimos años, conforme el calentamiento global se ha ido acelerando e impactando más en la sociedad, han aumentado las voces entre los activistas y científicos que exigen la misma dureza para lo relacionado con los combustibles fósiles, los principales causantes del cambio climático según estos colectivos. Desde el Gobierno se han alineado con estas voces respecto a esta norma y se considera, por el momento, ilícita la “publicidad de combustibles fósiles entendiéndose por tal toda comunicación comercial destinada a promover la contratación o adquisición de productos energéticos compuestos exclusivamente por derivados de origen fósil, sin participación de componentes renovables, cuando sea emitida por empresas del sector del carbón o del petróleo”.
Se contemplan excepciones
Pero esta propuesta, que a día de hoy es un borrador, contempla excepciones. Una de ellas, los productos relacionados con el gas natural, que a pesar de ser contaminante tiene un efecto menos perjudicial para el petróleo o carbón. También se contempla permitir anuncios de los combustibles renovables, que son elaborados en parte con vegetales como la soja o aceite de palma y son más benévolos con el planeta.
La normativa también baraja la publicidad de aquellos productos o servicios de transporte que sean propulsados de forma exclusiva mediante carburantes fósiles, cuando existan alternativas de transporte que puedan impulsarse por fuentes de energía no fósil. En todo caso, existe la posibilidad de continuar con la publicidad de vuelos o automóviles.
La durabilidad
La normativa pretende fomentar la transición ecológica y por ello facilitará cuestiones como la reparación de electrodomésticos cuando esté fuera de garantía. Los productores deben contar con un servicio técnico y de repuestos adecuado, así como mantener los repuestos durante 10 años después de la última fecha de fabricación, un tiempo que ya se aplicaba a las piezas.
También se recoge que cualquier usuario que decida reparar un producto que esté en garantía, que se extiende durante tres años, tendrá derecho a ampliar este plazo durante otro más, llegando a los cuatro en total.