Duro golpe para la plataforma Airbnb. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha conseguido que la plataforma retire de su sitio web cerca de 65.000 anuncios turísticos que operaban sin licencia preceptiva, tras una batalla legal que se ha salado con el respaldo de la Justicia a las actuaciones del ministerio dirigido por Pablo Bustinduy. Además, se ha abierto un expediente sancionador contra la compañía, que se negaba a eliminarlos.
La pasada semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se había logrado eliminar estos anuncios después de meses de tensión entre Airbnb y Consumo, pero que la plataforma llegó también hace unos días a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para cumplir con la nueva normativa, que obliga a los alojamientos turísticos o de alquiler temporada a contar con un número de registro para poder anunciarse.
El nuevo escenario para plataformas como Airbnb
La retirada de estos anuncios ilegales de la web de Airbnb se ha materializado después de que la multinacional norteamericana recurriera en múltiples ocasiones la decisión administrativa ante los tribunales. Sin embargo, la Justicia ha avalado de forma sistemática las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Consumo, confirmado la legalidad de las medidas adoptadas.
De forma paralela a esto, la Unidad de Análisis de Consumo ha completado una nueva investigación que ha permitido identificar otros 54.728 anuncios que carecen del número de registro oficial, una documentación que es obligatoria de acuerdo a la legislación que está vigente desde el 1 de julio de este 2025.
Será ahora cuando desde el Ministerio se traslade toda la información recopilada conforme al marco legal establecido con el único objetivo de que la plataforma proceda a eliminar o subsanar los anuncios irregulares. Añaden desde el ministerio de Bustinduy que se seguirá “trabajando para identificar y denunciar potenciales anuncios ilegales en las diferentes plataformas digitales especializadas en el alquiler de alojamientos turísticos para garantizar el derecho constitucional a la vivienda por encima de los beneficios de las grandes multinacionales”.
Además, desde Consumo se mantiene abierta otra investigación contra los grandes gestores de pisos turísticos por posibles prácticas fraudulentas, como son las de hacerse pasar por propietarios particulares cuando en realidad se trata de profesionales o la de ofrecer servicios extra o incluidos en el precio derechos que otorga la legislación. A todo esto, también se investiga desde este ministerio a varias inmobiliarias por cobrar comisiones ilegales y se ha abierto un expediente sancionador contra Alquiler Seguro por estas posibles prácticas.
La información técnica del análisis
El archivo digital elaborado por la Unidad de Análisis de Consumo mantiene datos detallados de gran interés público, entre los que se incluyen:
- Tipología de alojamiento, con clasificación entre habitaciones individuales y alojamientos completos.
- Información geográfica, con datos de localidad, provincia y comunidad autónoma.
- Datos de anfitriones, incluyendo información disponible sobre los propietarios de los anuncios.
El ministro Bustinduy ha reiterado en diversas intervenciones públicas el compromiso del Ministerio con hacer cumplir la legalidad y garantizar el derecho constitucional a la vivienda “por encima de los beneficios de las grandes multinacionales”.
Los planes de futuro
La unidad de Análisis de Consumo mantendrá su actividad de supervisión para identificar y denunciar potenciales anuncios ilegales en las diferentes plataformas digitales y especializadas en el alquiler de alojamientos turísticos. Esta medida se encuentra dentro de la estrategia del Gobierno para regular el mercado del alquiler vacacional y proteger el acceso a la vivienda, estableciendo un precedente significativo en la supervisión de plataformas digitales de alojamiento turístico en territorio nacional.