El Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, se mantiene firma en su lucha contra Airbnb y según avanza el verano, la temperatura entre ambos protagonistas sube. Desde el ministerio se ha enviado una carta a la multinacional estadounidense con una clara amenaza si mantiene su presunto incumplimiento de la normativa sobre los anuncios de alquileres vacaciones en nuestro país: 110 millones de euros. Desde Airbnb, reconocen que recibieron la carta el pasado mes de julio, pero cuestionan la propuesta y “la aplicabilidad de estas normas a los anuncios de alquileres vacacionales”. Añaden desde el grupo que tienen intención de “impugnar este asunto” y que, a día de hoy, “no es probable ni estimable ninguna pérdida potencial”.
Los requisitos aumentan
La normativa cambia y está haciendo que los objetivos que se tienen que cumplir “sigan aumentando”, aseguran desde Airbnb. Para la compañía norteamericana, “estos desafíos podrían tener un impacto significativo en nuestro negocio, nuestros resultados operativos y en nuestra situación financiera”.
Durante los últimos meses, el cruce de mensajes públicos ha sido constante entre el Ministerio y Airbnb. Desde el gobierno español se vincula a la crisis de la vivienda con el alquiler turístico, algo que desde Airbnb desmienten.
Un golpe importante para Airbnb fue el recibido el pasado mes de julio. Desde Consumo, se comunicó que el Ministerio liderado por Pablo Bustinduy había logrado que la plataforma de alquiler vacacional retirará de su página web cerca de 65.000 anuncios sin licencia. Desde fuentes públicas se informó que “la retirada de estos anuncios ilegales llega después de que la multinacional recurriera la decisión ante los tribunales en varias ocasiones y que la Justicia respaldara las actuaciones de Consumo”.
Por otro lado, conversaciones
La reciente amenaza que recibió Airbnb por parte del ministerio de Bustinduy coincide, para sorpresa de muchos, con una ronda de conversaciones y mesas de trabajo celebradas entre la firma de Estados Unidos y el Ministerio de Vivienda, del que es titular Isabel Rodríguez. La compañía estadounidense se ha comprometido con el Ministerio a reforzar la transparencia del sistema de registro y control de los alquileres de corta duración y a remitir de forma mensual a Vivienda, a partir de este mismo mes de agosto, la información exigida por normativa, según comunicó la propia Airbnb.
Desde Airbnb se publicó el pasado mes de junio un informe a nivel europeo en el que se señala a los hoteles como una de las claves del fenómeno del turismo masivo. La plataforma de alquiler aseguró que la mayoría de las estancias de sus clientes se producen fuera de los núcleos urbanos, el 59%, a diferencia de los hoteles.
Más ingresos, pero menos beneficios
Airbnb alcanzó en el primer semestres de este 2025 una cifra de negocio de 5.368 millones de dólares (4.890 millones durante el mismo periodo de 2024), mientras que el beneficio cayó hasta los 796 millones (819 millones ganados en los primeros seis meses del pasado año).
El pasado mes de junio, Airbnb firmó un nuevo contrato con una empresa de servicios de alojamientos web en la nube con vigencia hasta 2031 con un coste cercano a los 2.000 millones de dólares. La plataforma creada en San Francisco gestiona en la actualidad la relación de más de cinco millones de anfitriones con más de 2.000 millones de huéspedes en todo el mundo. Funda en el año 2007, tiene una valoración en Bolsa superior a los 80.000 millones de dólares y eso que en los últimos días el valor de su acción ha caído cerca de un 8%.