La revaloración de las pensiones en España es un hecho, está confirmada, y se conoce tras el aumento del Índice de Precios al Consumo, el famoso IPC. El cálculo de la subida es posible conocerlo por el encarecimiento de la vida, o dicho de otra manera más técnica, la subida que tuvo la inflación desde el mes de diciembre de 2023 y noviembre de este año, 2024. Este dato se constató hace unos días y el aumento será de 2,8% para el año 2025. Una gran noticia para los que disfrutan de las pensiones contributivas en España.
Desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) se certificó que el IPC del pasado noviembre se situó en un 2,4%, lo que establece la media anual en un 2,8%. Estos datos se traducen en que las pensiones contributivas se incrementarán en el próximo ejercicio, a partir del 1 de enero, entre 500 y 600 euros anuales, dependiendo siempre el tipo de pensión de cada persona. Un buen pellizco del que se beneficiarán los 9,3 millones de jubilados que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas. A estos hay que sumar las 720.000 pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, que tendrán un incremento del mismo porcentaje.
Todo este beneficio saldrá, obviamente, de las arcas del Estado y esta medida supondrá para la Seguridad Social un desembolso adiciona de 5.000 millones de euros al año. En este suma no están presentes las subidas correspondientes a las pensiones mínimas y no contributivas, las cuales, cómo no, también crecerán respecto de 2024. Así, por poner un ejemplo claro y con cifras para que sea más fácil de entender, una pensión media en nuestro país está en estos momentos en 1.441 euros mensuales y aumentará a los 1.481,35. En 2025, una persona con una pensión media, ganará 564,87 euros más a lo que había ganado en 2024 por el mismo concepto.
¿Para quién es la subida de las pensiones?
El incremento del 2,8% en la pensión se aplicará a todas las pensiones contributivas. Es decir, todas aquellas prestaciones económicas cuya concesión está supeditada generalmente a que la persona que la reciba haya tenido una relación jurídica previa con la Seguridad Social y que “cumpla con unos requisitos en función del tipo de pensión”, como se dice desde la Administración Pública.
En definitiva, que las pensiones contributivas son todas aquellas que reciben las personas que hay cotizado a la Seguridad Social durante un número de tiempo. Y dentro de estas, desde el Régimen General y los Regímenes especiales, se contemplan tres clases amplias de pensiones contributiva: de jubilación, por incapacidad permanente y de viudedad.
En nuestro sistema de pensiones existen otras modalidades de prestaciones, como son las no contributivas y las complementarias. Las primeras son aquellas dirigidas a personas que teniendo una cotización a la Seguridad Social no lo han hecho lo suficiente para acceder a la contributiva pero se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica por su edad avanzada o discapacidad severa. Las adicionales son las destinadas a ciertos colectivos como parte de acuerdos laborales o a través de planes de pensiones privados.
Mientras que a las contributivas se les aplicará un 2,8% de forma general, a las no contributivas y las mínimas el porcentaje de crecimiento será mayor, tal y como se estableció en la última reforma de las pensiones llevada a cabo en nuestro país. Por tanto, una vez revalorizadas de acuerdo al IPC con ese 2,8%, las no contributivas crecerán adicionalmente con el objetivo de reducir un 20% la brecha existente, hasta alcanzar el 75% del umbral de riesgo de pobreza.
Este se calcula a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística para un hogar unipersonal. A todo ello, añadir que el gobierno español ha prometido converger en 2027 las pensiones con contributivas con ese 75% del umbral. Es decir, 592 euros mensuales por persona y un total de 8.300 euros en total en un año.