Hace unos días, en una comparecencia conjunta de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo, Unai Sordo, CCOO, y Pepe Álvarez, UGT, se anunció por parte de la representante del Ejecutivo el acuerdo que se ha alcanzado con los sindicatos para reducir la jornada laboral a las 37 horas y media en 2025 sin que esto conlleve la reducción salarial. Según Díaz, “hoy somos un país más justo, más democrático y más feliz”, publicó en su perfil de la red social X.
Con este pacto, del que se desmarcó la CEOE, se comienza dar forma a un compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez, pero del mismo han salido diferencias entre los principales socios del Gobierno, PSOE y Sumar. El siguiente paso, tras la firma, es el de acelerar su tramitación parlamentaria de un cambio en el Estatuto de los Trabajadores, pero para ello debe conseguir los apoyos suficientes.
Discrepancias dentro del Gobierno
No sólo destaca la ausencia de la CEOE y CEPYME en el pacto, rechazado por ambas el pasado noviembre, también las grietas que se ven dentro del propio gobierno de la nación y en especial entre los titulares del Ministerio de Trabajo y el de Economía, bajo el mando de Carlos Cuerpo. La líder de Sumar mostró su sorpresa porque “a estas alturas el partido socialista diga que no que quiere cumplir con el acuerdo de Gobierno de nuestro país”. Y es que desde el ministerio de Cuerpo se apuesta por una reducción de la jornada laboral gradual y teniendo en cuenta especificidades de determinadas actividades.
Todavía tendrá que superar diferentes trámites legislativos antes de llegar al Consejo de ministros y, después, dará comienzo un complejo proceso parlamentario. Por el momento, el Gobierno no tiene el acuerdo atado con Junts, PNV ni PP. A este último Díaz presionó y le recordó que “en muchas ocasiones se ha erigido como el partido de los trabajadores”.
Las claves del acuerdo para la nueva jornada laboral
Una vez firmado el acuerdo sobre la jornada laboral, Yolanda Díaz destacó que se trata de “un avance civilizatorio que se hace progresar a nuestro país”. Añadió que se escribió “una página en el libro de las grandes conquistas laborales de nuestro país que se van a estudiar en las universidades del mundo” y remarcó que “nos dijeron que era imposible reducir la jornada y aquí estamos, lo vamos a hacer”.
La ministra detalló las cuestiones de las que se verá beneficiados 12 millones en materia de trabajo:
- Modificación del artículo 34, en el que se refleja la reducción labora de la jornada a 37 horas y media sin bajada salarial.
- Desconexión digital y derecho a la intimidad. Díaz comentó que “de nada servirá reducir la jornada” si fuera del horario laboral llega “una llamada o un mensaje”, por lo que se completará “con el derecho a la desconexión”.
- Registro de jornada digital, con el que se busca “garantizar la transparecnai y prevenir abusos”.
- Sanciones individualizada, por lo que ya no habrá una única sanción a la empresa, sino que serán “una por cada trabajador afectado”, informó Díaz. Destaca en este apartado que las multas serán más altas, pasando de un máximo de 7.500 a 10.000 euros. Se establecen grados sancionadores: bajo (entre 1.000 y 2.000 euros), medio (2.001 y 5.000 euros) y máximo (5.001 y 10.000).
Los diferentes contratos
Hay diferentes apreciaciones según la tipología de los contratos. Si se trata de uno a tiempo parcial con una prestación de trabajo igual o superior a 37,5 horas semanales de promedio, estos “se convertirán automáticamente en contrato des trabajo a tiempo completo” una vez aplicada la nueva normativa sobre la jornada laboral. Si son inferiores a 37,5 horas, los trabajadores a tiempo parcial o con jornada reducida, tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas que venían realizando. Además, igualmente, tendrán derecho al incremento proporcional de su salario.
Los trabajadores de jornada reducida por cuidad de mejor, familiar o considerados víctimas de violencia de género, sexual o de terrorismo también tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas que antes de la entrada de la normativa.
En cuanto a las jornadas especiales, el Gobierno de Pedro Sánchez se da un plazo de 18 meses para revisar, junto con los agentes sociales, la normativa sobre las mismas para adecuar las ampliaciones y limitaciones en la ordenación y en la duración de la jornada de trabajo a la nueva jornada máxima legal.