Si hiciésemos un listado de los problemas que más preocupan a la población española, uno de ellos sería el de la vivienda en todo su ámbito. Y dentro del mismo, se haría especial hincapié en el relacionado con la ‘okupación’. Es un tema muy presente en el día a día tanto a nivel social como político y en el entorno de los dirigentes con ideas muy dispares sobre el mismo. Las mismas se pudieron ver la pasada semana, cuando Ione Belarra, secretaria general de Podemos, anunció un acuerdo que va dejar indiferente a nadie: “Acabamos de acordar con el PSOE prorrogar el escudo social que con tanto esfuerzo logramos cuando gobernábamos. Suspendemos los desahucios de personas vulnerables durante un año y mantenemos las ayudas al transporte durante seis meses”. Añadió que este acuerdo sirve también “para arreglar el error de Bildu y ERC.
Las consecuencias del acuerdo para desalojar okupas
Belarra habló del escudo social y este habla de prorrogar el Real Decreto 11/2020 que se puso en marcha en la pandemia. Esta normativa tiene varios puntos, pero en los que se refiere a la ocupación, “impide desalojar a las personas en estado de vulnerabilidad”. Esta norma seguirá vigente durante 2025 y conllevará que no se podrá ejecutar el lanzamiento de ninguna casa en la que estén personas vulnerables.
Por tanto, las personas que no puedan pagar la hipoteca podrán mantener su hogar, pero también a todos los propietarios que tienen ‘okupas’, ya que estos no podrán ser desalojados pese a no estar al corriente en el pago del alquiler aunque se tenga una sentencia judicial firme, lo que conlleva problemas más allá de los económicos para unos propietarios que no podrán recuperar su casa mientras la normativa esté en pie.
Con este normativa, según diversos propietarios que están imposibilitados de recuperar su vivienda, “habrá menos oferta y cuando la haya llegarán 200 personas” convirtiéndose el proceso de alquiler “en una puja al mejor postor y por tanto los de bajos recursos se quedarán fuera”. Por ello, desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación y APROVIJ pidieron en diferentes comunicados parar esta derogación.
El error de Bildu y ERC
En palabras de Belarra, “arreglaremos el error de Bildu y ERC”. Habla la secretaria general de Podemos del fallo que permitió que saliera adelante la votación para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el Congreso. Una propuesta, presentada por el PNV, que volvió a la Cámara Baja tras el veto del Senado. Su aprobación conllevaría que se añadiría a los delitos de usurpación de morada y de allanamiento de morada, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La consecuencia, de salir adelante, sería que los ‘okupas’ serían juzgado en un plazo máximo de 15 días desde su puesta a disposición judicial y los procesos de desahucio serían más rápidos.
El acuerdo de Podemos con el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido reacciones en otros partidos políticos como el PNV. Su líder, Aitor Esteban, aseguró que “Ione Belarra miente, la enmienda del PNV no es sobre desahucios, es sobre ‘okupas’. No afecta a la familia que no pude hacer frente al pago de su vivienda, sí al que delinque ocupando una vivienda ajena. Podemos está a favor de la ocupación, el PNV en contra”. De ser aprobada la reforma, solo se agilizarían los desahucios en casos de allanamiento y usurpación de morada, que son delitos flagrantes, no en la ‘inquiokupación’ y embargos por no pagar la hipoteca. Si la propuesta del PNV se frena, los juicios por ocupación seguirán siendo de un larga espera para saber su resolución, tal y como se pretende con la normativa propuesta por Belarra según el dirigente vasco.