Por primera vez en la historia quedó desierta la primera licitación del convenio de MUFACE, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que da cobertura a 1.573.701 personas y de las cuales cerca del 70% reciben atención a través de aseguradoras privadas como Adeslas, Asisa y DKV, mientras que el resto son atendidas en la sanidad pública. Ninguna de las tres aseguradoras se presentó al concurso el pasado noviembre al considerar que la subida de las primas del 17% propuesta por el Gobierno era insuficiente.
Ahora, desde el Ejecutivo se está a la espera de ver lo que ocurre con la segunda convocatoria, con una subida de las primas al 33%. Si no se alcanzase ningún acuerdo con MUFACE, un millón de personas pasarían a ser atendidas por las comunidades autónomas que gestionan la sanidad de manera pública.
Andalucía y Madrid, las más perjudicadas por la huida de MUFACE
Los gobiernos andaluz y madrileño son los que más número de mutualistas tendrían que absorber en sus sistemas públicos de salud en caso de que no siga adelante el modelo de MUFACE. Según las cifras, Andalucía tendría que acoger a 260.000 personas, por 170.000 Madrid. Habrá que esperar para saber qué ocurre en la segunda convocatoria y un concierto para la prestación de asistencia sanitaria a los funcionarios por el periodo 2025-27.
Los mutualistas de MUFACE en Andalucía y que ahora pueden pasar al Servicio Andaluz de Salud representaban el 24,1% del total de todo el país, mientras que en Madrid era el 15,6% los que se tendrían que incluir en el SERMAS. También destacan los porcentajes de la Comunidad Valenciana (11% con 118.471 personas) y Cataluña (9,6% y 103.203 personas). Entre las cuatro comunidades autónomas asumirían el 60% de los mutualistas de MUFACE que se quedarían sin cobertura privada.
El restante 40% está así:
- 76.682 de Castilla y León
- 63.099 de Galicia
- 50.405 de Castilla-La Mancha
- 43.256 de Canarias
- 35.246 de Murcia
- 32.413 de Extremadura
- 32.036 de Aragón
- 20.652 de Asturias
- 16.104 de Baleares
- 16.055 de Euskadi
- 13.836 de Cantabria
- 7.038 de Navarra
- 6.587 de La Rioja
- 3.937 de Ceuta
- 3.911 de Melilla
- 8.293 residentes en el extranjero
Un mensaje tranquilizador
Desde Sanidad se concluyó en su informe del pasado noviembre que si la financiación que a día de hoy se destina a la asistencia sanitaria de los mutualistas de MUFACE se transmitiera a la sanidad pública, esta “debería estar capacitada para prestar ese servicio con la adecuada gestión del proceso de transición”. Pero estas palabras no tuvieron el efecto deseado en determinadas comunidades autónomas.
La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, avisó de que si la sanidad autonómica tuviera que hacer frente a estos funcionarios “se tensionaría” el sistema público de salud, del que dijo que ya está “en una situación límite” tanto en recursos humanos como en economía. También se pronunció Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad, que aseguró a los afectados que “si finalmente son abandonados” por el gobierno nacional, el de Madrid “se hará cargo, dándoles la cobertura que merecen y que hasta ahora no han recibido o están perdiendo”.
Por su parte, desde Función Pública se ha venido repitiendo un mensaje de “tranquilidad” a los mutualistas y han señalado que existen los mecanismos en la ley de contratos públicos para extender el concierto vigente sin que haya uno nuevo. Por ahora, a día de hoy, se ha dictado una orden de continuidad hasta el mes de abril.
Las próximas semanas o los próximos meses serán claves para alcanzar una acuerdo que sea satisfactorio para todas las partes. No se ha conseguido hasta el momento y todos juegan sus cartas.