El sueño de muchos autónomos lo ha alcanzado uno de ellos, un ciudadano de Zaragoza. Este trabajador ha logrado jubilarse anticipadamente a los 63 años con una pensión mensual de 1.820 euros, lo que representa el 79% de su base reguladora. Pero no lo ha tenido fácil. Y es que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) denegó su solicitud alegando que no se encontraban en situación de alta ni asimilada al alta en el momento del hecho causante. Pero el Juzgado de lo Social de la capital aragonesa le dio la razón, reconociendo que su inscripción, junto con 39 años de cotización, eran suficientes para asimilar su situación a la de alta exigida por la normativa.
Inscrito como demandante de empleo
Esta persona contaba con una importante trayectoria profesional, pues había desarrollado su actividad laboral como agente comercial de forma ininterrumpida hasta 2020, cuando tuvo que cesar por causas económicas. Desde ese momento estuvo inscrito como demandante de empleo, situación que mantuvo para solicitar la jubilación en febrero de 2023, una vez había cumplido los 63 años. Su petición, sin embargo, fue denegada por el INSS, que interpretó que no estaba en situación legal de alta, un requisito que es imprescindible para acceder a la jubilación anticipada voluntaria de acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).
El Tribunal considera válida la situación de este autónomo
Desde la Seguridad Social se argumentó que su cese de actividad había sido de forma voluntaria y que la inscripción como desempleado no bastaba para reconocer una situación de alta asimilada. Tampoco consideró de aplicación de las disposiciones transitorias que permiten excepciones en ciertos casos. Por todo ello, el organismo público desestimó la posibilidad de que accediera a la pensión anticipada, a pesar de haber cotizado más de lo exigido y contar con una base reguladora suficiente.
Tras la negativa, el trabajador autónomo presentó una reclamación que también corrió la misma suerte, fue rechazada. Entonces decidió llevar el caso a los tribunales. El Juzgado de la Social nº 4 de Zaragoza le dio la razón, reconociendo que su inscripción como demandante de empleo, junto con los más de 39 años de cotización, eran suficientes para asimilar su situación a la alta exigida por la normativa. La sentencia dejó claro que el demandante tenía derecho a la pensión desde enero de 2023.
Un derecho garantizado
Pese a la resolución favorable en primera instancia, el INSS recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La controversia jurídica giraba en torno a si la inscripción como demandante de empleo podía ser considerada como una situación asimilada al alta. La respuesta del tribunal fue clara: sí podía serlo, sí se acredita la continuidad y la voluntad de mantenerse en el mercado laboral.
El TSJA desestimó el recurso del INSS y además avaló de forma íntegra la sentencia anterior. Consideró que la interpretación de la normativa hecha por el Juzgado de lo Social era correcta y que la situación del autónomo cumplía con todos lo requisitos que estaban establecidos para obtener la jubilación anticipada. En su fallo, el TSJA destacó que decisiones como esta refuerzan la protección de los derechos laborales y reconocen la realidad de muchos profesionales autónomos que, tras años de cotización, se encuentran fuera del sistema por circunstancias ajenas a su voluntad.
Estamos ante un caso que sienta un precedente importante para otros trabajadores autónomos que, en situaciones similares, vean denegadas sus solicitudes por supuestas carencias formales. Esta sentencia abre la puerta a nuevas reclamaciones y contribuye a interpretar con mayor flexibilidad los requisitos que impone la Seguridad Social.