A nadie le gusta que le puedan grabar en su casa, en su intimidad y menos cuando se puede captar un momento de descanso, de relajación. Es lo que le pasó a una familia griega, que descubrió que las cámaras de su vecino no sólo estaban pendientes de lo que era su parcela, también obtenían cámaras de la de al lado. Así, después de varias peticiones formales, silencios de la Administración y un gran número de excusas, el caso terminó en la mesa de la Autoridad de Protección de Datos de Grecia, que impuso una multa de 3.000 euros por cabeza para los propietarios de las cámaras indiscretas, 6.000 euros en total.
Para lograr este resultado pasaron dos años y consiguió gracias un informe técnico en el que quedaba claro que los propietarios de las cámaras se saltaban las normas de privacidad.
La historia desde el principio
En mayo de 2022 la parte afectada acudió a la justicia para presentar una denuncia a sus vecinos, que habían instalado tres cámaras alegando robos y desperfectos en su terreno, en lo que gestionan una vivienda y varios restaurantes. Sin embargo, las ópticas no se quedaban dentro de los límites de la finca, sino que barrían también la propiedad colindante. Para demostrarlo, los denunciantes aportaron fotos, especificaciones técnicas e incluso un vídeo en el que una de las cámaras gira con toda la soltura del mundo.
Tras un requerimiento oficial, los denunciados respondieron que únicamente había dos cámaras operativas orientadas hacia el patio del vecino, sin grabación externa y con una tarjeta que borra todo a los cinco días. Además, añadieron un certificado de una empresa de seguridad y justificaron su silencio oficial porque no guardaban imágenes suficientes.
El problema para los denunciados es que la Fiscalía sí recibió grabaciones en las que se apreciaba como los dispositivos podían moverse y captar la casa del denunciante. Incluso, el tercer dispositivo, resultó no ser de “atrezo”, como aseguraron, y sí un aparato real aunque “averiado y desenfocado por motivos meteorológicos”, expusieron.
A requerimiento oficial, los denunciados respondieron que solo había dos cámaras operativas, orientadas a su patio, sin grabación externa y con una tarjeta que borra todo a los cinco días. Añadieron un certificado de una empresa de seguridad y justificaron su silencio inicial porque, según ellos, no guardaban imágenes suficientes. El problema es que la Fiscalía sí recibió grabaciones donde se aprecia cómo los dispositivos podían moverse y capturar la casa del denunciante. Para rematar, el tercer artefacto resultó no ser “de atrezo”, como alegaron, sino un aparato real aunque, dijeron, “averiado y desenfocado por fenómenos meteorológicos”.
El motivo de la cuantía
La investigación dejó claro que había incongruencias en cada versión dada por los acusados. Por tanto, la autoridad concluyó que actuaron como controladores, como responsables de los datos grabados, y que su sistema no entraba en la “excepción doméstica” porque el campo de visión se extendía más allá de su terreno. Además, la falta de respuesta a la primera solicitud de imágenes se valoró como agravante.
El golpe económico fue importante, 6.000 euros en total y se les recordaba que mantener las cámaras activas en un edificio en el que también hay actividad empresarial no se puede justificar como simple uso personal.
Así puedes defender tu intimidad ante las cámaras de vecinos
- Hay que solicitar por escrito la retirada o reorientación de las cámaras y pedir acceso a las grabaciones. Se debe hacer mediante burofax o carta certificada, para que quede constancia.
- Si no hay respuesta o se niegan a la retirada, se tiene que presentar denuncia ante la autoridad de protección de datos.
- Guardar copia de todas las comunicaciones: el silencio por la parte denunciada juega a favor del denunciante y se considera un agravante.