La normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) cambia constantemente, a la par de la aparición de las nuevas tecnologías que van surgiendo en el mercado automovilístico. Es habitual confundir entre diferentes tipos de dispositivos disponibles, pero el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Así, utilizar inhibidores que bloquean o anulan señales de los radares policiales se considera un una infracción muy grave con una sanción que puede alcanzar los 6.000 euros, ya que es una acción que pone en riesgo la seguridad vial y por ello se persigue con mucha severidad.
No ocurre con todas las aplicaciones de navegación social o de los avisadores por GPS que te alertan de cámaras fijas. Sí de cuando los conductores instalan un hardware diseñado de forma específica para sabotear el trabajo de vigilancia en las carreteras y autopistas. La diferencia entre llevar un dispositivo legal y uno prohibido es considerable, de varios meses de sueldo.
Las diferencias entre los tipos de aparatos
Para no tener sorpresas desagradables, es clave el poder distinguir entre los tres tipos de aparatos que existen en la actualidad en el mercado:
- Los avisadores: son totalmente legales ya que utilizan bases de datos públicas para situar los cinemómetros fijos en el mapa. Estos sistemas no interactúan con el entorno no detectan ondas, lo único que hacen es localizar puntos de interés informativos para el conductor. Se pueden usar tranquilamente en el teléfono móvil o en el navegador del vehículo.
- Los detectores: se entra en una zona pantanosa ya que rastrean las ondas emitidas por los radares para avisarte de su presencia, algo que ya es sancionable por la normativa vigente.
- Los inhibidores: se va un paso más adelante al anular la señal policial para evitar que mida la velocidad del vehículo. Están totalmente prohibidos y su castigo económico puede arruinarte económicamente si eres descubierto.
La sanción económica y la pérdida de puntos
La multa por llevar instalado un inhibidor de radar es una de las más elevadas que contempla el reglamento actual. Si los agentes de tráfico descubren este mecanismo en el coche, la multa es de 6.000 euros para el conductor responsable. Además del castigo económico, hay una pérdida de 6 puntos de carnet.
La normativa va más allá del conductor del vehículo, ya que también persigue al que facilita la trampa. Los talleres que se encargan de instalar estos sistemas prohibidos se enfrentan a sanciones que puedan alcanzar los 30.000 euros.
¿Por qué se persiguen estos dispositivos?
El principal motivo por el que la DGT combate con tanta dureza los inhibidores es por el evidente peligro que representan. Un conductor que utiliza estos sistemas lo hacen con la intención premeditada de superar los límites de velocidad establecidos por la norma sin ser multado.
También existe una razón de equidad y justicia respecto al resto de ciudadanos que sí cumplen con las normas de circulación. Así, no se entiende como justo que alguien pueda saltarse impunemente las reglas gracias a su capacidad económica para comprar tecnología de inhibición avanzada. La labor de vigilancia de la DGT busca proteger la vida de todos los usuarios de la vía y bloquear herramientas de trabajo supone un ataque directo al sistema de seguridad vial nacional.
Así se detectan los inhibidores
La Guardia Civil cuenta con tecnología sofisticada para localizarlos, sistemas capaces de identificar si un vehículo está emitiendo señales que interfieren con sus cinemómetros durante el control. Cuando el radar intenta medir la velocidad y recibe un error o una señal bloqueada, salta la alarma. Cuando se detiene al vehículo y comienza la inspección, suele estar instalado en una zona oculta.