La Unión Europea va a dar un golpe en la mesa en el mercado de los dispositivos tecnológicos. A partir del próximo 1 de agosto, ningún aparato electrónico que esté dentro del Internet de las Cosas (IoT) podrá ser vendido de forma legal en el territorio de la Comunidad si no cumple con los requisitos que se han establecido en la ley de ciberseguridad EN 18031.
La misma impone tres grandes obligaciones: la primera, estos dispositivos deberá respetar las redes de telecomunicaciones evitando interferencias o consumos desproporcionados; la segunda es la exigencia sobre la protección de los datos personales de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR); y la tercera es la de la obligación de incorporar mecanismos que prevengan el fraude, como accesos no autorizados o manipulaciones de datos.
La nueva normativa implica que tanto grandes marcas como pequeños fabricantes deberán adaptarse a estas exigencias si quieren seguir operando en el mercado europeo. Sin estos requisitos, los productos no obtendrán el marcado CE, que es obligatorio y sin el cual los dispositivos se quedarían fuera de los canales legales de venta en el viejo continente.
¿A qué dispositivos afecta?
Aunque en ocasiones pasen desapercibidos, los dispositivos IoT son muy comunes en el día a día. Entre ellos se encuentra bombillas inteligentes, altavoces conectados, cámaras de vigilancia o relojes deportivos, al igual que maquinaria industrial, soluciones médicas o sistemas de transporte. La normativa afecta a todos ellos sin excepción y eso supone una transformación profunda del sector.
En estos momentos se calcula que existe más de 20.000 millones de dispositivos IoT en todo el mundo y se espera que esta cifra crezca en 10.000 millones más durante los próximos cuatro años. En este contexto, un uso seguro se vuelve imprescindible.
Un crecimiento que conlleva riesgos
El sector IoT facturó, según los últimos datos obtenidos, más de 600.000 millones de dólares en el año 2023 y las previsiones apuntan que podría alcanzar en 2032 los cuatro billones. Pero este crecimiento también tiene sus riesgos, ya que la conexión constante y masiva de dispositivos abre la puerta a los dispositivos. En este sentido, hasta los aparatos más inocentes son una vía de entrada para los delincuentes. Desde el punto de vista económico y social, el objetivo de la normativa de ciberseguridad es la de proteger la automatización, el transporte moderno y la sanidad conectada o incluso la inteligencia artificial.
Una ventaja competitiva
Además de cumplir con la ley, adaptarse a la normativa de ciberseguridad puede convertirse en una ventaja competitiva. En un mercado tan saturado de marcas y modelos, ofrecer dispositivos certificados y seguros puede hacer que se marque la diferencia. Según Wireless Logic, el cumplimiento del estándar europeo puede reforzar la confianza del cliente y abrir puertas a nuevas oportunidades. La empresa pone a disposición de los usuarios en webinar para conocer más detalles el alcance de esta normativa de entrada inminente.
Una solución segura
Wireless Logic destaca también por su plataforma en la nube Anomaly & Threat Detection, que permite proteger dispositivos IoT sin necesidad de instalaciones físicas. Se trata de una solución pensada para empresas, administraciones públicas y también particulares que quieran asegurar sus comunicaciones y datos sin complicaciones técnicas.
Un cambio necesario
Desde fabricantes hasta usuarios finales, esta normativa redefine la forma en la que se diseñan, comercializan y usan los dispositivos conectados. La ciberseguridad ya no es una opción, sino una condición imprescindible para operar en el ecosistema digital europeo. La norma EN18031 no sólo marca el inicio de una nueva etapa, también busca que todos los elementos de la cadena IoT se alineen en una misma dirección, la de proteger la privacidad, las redes y la confianza del usuario.