Los tiempos han cambiado y la normativa también evoluciona. La necesidad de abordar los desafíos relacionados con el medioambiente, el uso excesivo de los recursos naturales y la obsolescencia programada han hecho que tanto a nivel europeo como nacional se miren las leyes para modificarlas. Entre las nuevas medidas que aparecen destaca una que obliga a los fabricantes de electrodomésticos y dispositivos electrónicos (teléfonos móviles y ordenadores, por ejemplo) a garantizar la reparación de sus productos antes de que la garantía expire.
El objetivo de la normativa
La normativa, que está gestionada por el Ministerio de Consumo y el de Transición Ecológica, forma parte de una estrategia destinada a fomentar la sostenibilidad y la economía circular. El objetivo es reducir la cantidad residuos electrónicos y la dependencia de los materiales esenciales como el litio, el cobre y el níquel, claves en la fabricación de los dispositivos electrónicos.
Con esta política, desde el Gobierno se busca dar un impulso a un modelo de consumo más sostenible en el que la reparación de productos tenga prioridad sobre la compra de nuevos. Bajo la propuesta europea del ‘derecho a reparar’ se busca prolongar la vida útil de los dispositivos y fomentar una competencia más igualitaria en el mundo de las reparaciones.
Además, más allá de priorizar la reparación ante la sustitución, se busca optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales y reforzar las políticas medioambientales dentro de un entorno que cada vez tiene más clara la idea del luchar contra el cambio climático y la gestión de los residuos.
Entre las medidas que están prevista se encuentra la creación de un fondo destinado a financiar la reparación de productos que todavía puedan ser arreglados y que estará financiado por los propios fabricantes. Así, la idea con esta acción, es que el coste de reparación sea más asequible para los consumidores.
Las ventajas de reparar y no sustituir
Una de las claves de esta ley es el ‘derecho a reparar’, una normativa que fue aprobada por el Consejo Europeo en 2024 y que deberá ser incorporada a nivel nacional en 2026. Con este derecho se pretende, además de reducir los residuos eléctricos, alargar la vida útil de los productos después de disminuir la necesidad de comprar otros dispositivos con tanta frecuencia.
Una vez consolidada la media, los consumidores podrán llevar sus electrodomésticos y dispositivos electrónicos a centros de reparación independientes o directamente a los de los fabricantes.
Entre los principales beneficios encontramos:
- Posibilidad de reparar productos a precios asequibles incluso después de que se haya pasado la garantía.
- Los fabricantes están obligados por ley a ofrecer tanto piezas originales como genéricas, así como a proporcionar herramientas y manuales de reparación a técnicos independientes, lo que permitirá elegir libremente a los consumidores dónde reparar su productos. Así se fomenta la competencia y reducción de costes.
- Impacto positivo en el medioambiente.
- Aumenta la transparencia en cuanto a costos y condiciones de reparación ya que las empresas deben informar de manera clara y accesible sobre los precios y términos del servicio.
Los productos que estarán bajo esta normativa
La ley del ‘derecho a reparar’ abarcará una amplia gama de productos. Se estima que cerca de 30 tipos de aparatos, lo que la convierte en una de las iniciativas más ambiciosas en cuanto sostenibilidad y protección del consumidores. Bajo la misma se podrán reparar desde electrodomésticos (frigoríficos, lavadoras, aspiradoras…) a dispositivos electrónicos (móviles, tablets, ordenadores…).
Los fabricantes deben garantizar la disponibilidad de piezas de repuesto durante un periodo de tiempo prolongado, incluso una vez que el modelo haya dejado de fabricarse.