En la Comunidad de Madrid la okupación ilegal sigue generando un debate en el ámbito social y político. De acuerdo con los datos de la Delegación del Gobierno, las denuncias por usurpación de inmuebles en la región descendieron un 43% el pasado 2024, pasando de cerca de 3.000 a poco más de 1.500. A pesar de ello, la preocupación es considerable. Uno de los puntos más conflictivos está situado en la actualidad en el parque de La Viña, en el barrio de Entrevías.
Allí, un grupo de okupas ha convertido esta zona en un asentamiento ilegal con acceso gratuito a los servicios básicos como la luz y el agua, costados, según admiten los propios ocupantes, por el Ayuntamiento. La forma en la que lo han conseguido se desconoce, pero algunos vecinos sospechan que estos se conecta de forma ilegal a las redes públicas.
El okupa empezó con una tienda de campaña
El parque de La Viña era tiempo atrás un espacio para el ocio y el deporte para las familias del distrito de Puente de Vallecas. En la actualidad se ha convertido en un foco de tensión entre vecinos. Desde hace meses, decenas de personas han ocupado zonas del parque con tiendas de campaña, contenedores adaptados como viviendas y estructuras improvisadas. Esto se ha traducido en acumulación de basura, chatarra y restos de comida que atraen diferentes plagas. Manuel Martínez, presidente de la Asociación de Vecinos de La Viña, denuncia que “todo esto empezó con una tienda pequeña y ahora es incontrolable”.
Con agua y luz
Los medios de comunicación han acudido al lugar para conocer las impresiones de vecinos y ocupantes. Una de las cosas que más ha molestado a los vecinos es que uno de los okupas dijese sin problemas que “tenemos de todo” en referencia a luz, agua y otros servicios “y no pagamos nada. La comunidad la paga el Ayuntamiento”. Estas declaraciones no han gustado a los residentes, que exigen medidas urgentes: “Nosotros pagamos impuestos para mantener servicios públicos, no para que unos ilegales vivan a costa de todos”.
El problema va más allá de la okupación y es que la misma ha provocado que el parque de La Viña se convierta en un lugar muy inseguro: animales sueltos, algunos que atacan a los deportistas que pasan por allí, montañas de basura y zonas destinadas a actividades deportivas que en estos momentos son inaccesibles, como por el ejemplo el campo de petanca. Otro de los miedos de los residentes del barrio es que se produzca un efecto llamada.
La inacción institucional
El Gobierno regional denuncia que hay una “ola de okupación” y asegura que el servicio 112 destinado para ello ha duplicado sus llamadas en un mes. Pero para el Ejecutivo central, esas cifras no justifican la alarma. Sólo 228 propietarios han recibido compensaciones por inquiokupación desde 2021 y apenas 18 se acogieron a la bonificación del agua en 2024.
Desde el Ayuntamiento de la capital no se ha aclara como los okupas del parque acceden a los servicios municipales sin coste. Fuentes municipales evitan pronunciarse sobre si existe un suministro irregular, pero algunos vecinos sospechan que los ocupantes se conectan de manera ilegal a las redes públicas.
Un problema estructural
El caso de La Viña en la capital es un ejemplo de un problema estructural, en el que están la crisis habitacional, las falta de políticas públicas y vacíos legales. En España, si una okupación supera las 48 horas sin denuncia, el desalojo requiere un largo proceso judicial. Además, la ley prohíbe cortar servicios básicos a inmuebles ocupados, incluso si el propietario no recibe rentas.
