Es habitual, sobre todo durante los fines de semana, que muchas personas dejen atrás la ciudad y se escapen a pasar el día al campo. Son los llamados domingueros, que se van a zonas rurales con la intención de disfrutar de un paseo, picnic o cualquier otra actividad, entre las que se encuentra el conducir vehículos todoterreno. Pero ojo, esta costumbre puede tener consecuencias ya que no es tan inofensiva como pueda parecer.
Ahora esta actividad se regirá por una normativa y todas aquellas personas que se adentren en caminos no habilitados para vehículos motorizados podrían enfrentarse a sanciones económicas de hasta 3.000 euros. El motivo es que en muchas ocasiones estos caminos no están diseñados para soportar el tráfico de vehículos motorizados y, a medida que más personas hacen uso de estos senderos rurales por ocio, el impacto ambiental se nota. Los vehículos que circulan fuera de las carreteras principales pueden provocar erosión del suelo, destruir hábitats naturales e incluso dañar especies de flora y fauna del entorno.
Las leyes que hay que cumplir en los caminos rurales
Para quienes piensen que no pasa nada por salirse de la carretera principal y adentrarse en caminos rurales, que sepan que la norma dice lo contrario. Existen leyes que prohíben de forma clara el circular fuera de las carreteras asfaltadas: La ley de Montes 43/2003 y la Ley de Vías Pecuarias 3/1995.
Ambas normativas son de carácter estatal y regulan de manera estricta el tránsito de vehículos de motor en lo que se considera campo abierto o terrenos no habilitados para la circulación. Esto quiere decir que no se puede acceder a zonas rurales a través de caminos que no estén claramente preparados para vehículos motorizados, salvo que se cuente con una autorización.
El detalle de la autorización es clave. Aunque un camino de tierra no esté cerrado, si no es una vía pública de acceso permitido, se considera ilegal circular por el mismo. Pero hay excepciones que se dan cuando se trata de caminos privados o cuando se dispone de un permiso para circular por una ruta determinada por actividades como la caza o el acceso a fincas privadas. En estos casos es necesaria una autorización para evitar consecuencias graves.
Aquellos que circulen por caminos no habilitados y sin permiso pueden enfrentarse a multas que oscilan entre los 500 y los 3.000 euros. La sanción dependerá de la gravedad de la infracción y si se considera que se ha causado un daño ecológico en el entorno.
Ordenanzas municipales
Aunque la legislación estatal es clara, cada municipio tiene la capacidad de crear sus propias normativas locales para regular el acceso a los caminos rurales. Es decir, en determinadas localidades se pueden aplicar restricciones adicionales y las ordenanzas municipales pueden decir el momento y la forma en la que se circula. Una de las medidas que han tomado en algunos municipio es la de cerrar caminos para evitar que se invadan zonas sensibles y proteger el medioambiente.
La normativa acerca de los caminos rurales hace que ahora todos aquellos que quieran disfrutar de una actividad como ir por los mismos con su vehículo tengan que asegurarse de que pueden hacerlo sin tener complicaciones legales en el futuro. Es decir, que no basta con saber si un camino parece accesible o no, hay que conocer las leyes del lugar al que se pretende acceder.
Así, lo que parecía una actividad inofensiva en la que se disfrutaba de un día en el campo, está siendo controlada con el objetivo de minimizar el impacto en el medioambiente y reducir los riesgos de seguridad que conlleva. Es el momento de adaptarse a la nueva normativa para seguir disfrutando de la naturaleza.