Cuando una persona está cerca a la edad de jubilación debe tener toda la información sobre la misma y también cumplir con una serie de normativas para acceder a ella, como por ejemplo la relación que hay entre las deudas que se puedan tener con la Seguridad Social y el cobro de esta ayuda. Es una cuestión de gran importancia a tener en cuenta para estos contribuyentes.
Hay deudas pendientes
La normativa española es clara en este sentido y dice que para acceder a una pensión contributiva de jubilación es imprescindible estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. Es un requisito regulado en el artículo 28.2 del Decreto 2530/1970, que establece que cualquier deuda pendiente debe ser saldada antes de poder disfrutar de las prestaciones.
En el caso de que el contribuyente tuviese deudas pendientes debe regularizar la situación mediante el abono de las cantidades que adeuda. Además, la Seguridad Social pone a su disposición la posibilidad de solicitar un aplazamiento de la misma, permitiendo fraccionar el pago en diferentes plazos y que estos sean accesibles para la persona.
¿Cómo se regulariza la deuda?
Lo primero que tienen que hacer aquellos que sospechen que tienen una deuda con la Seguridad Social es verificar la situación en la que se encuentran. Lo pueden hacer a través de la Sede Electrónica de la misma, que dispone de un servicio digital que permite a los contribuyentes acceder a su información fiscal y conocer el estado de sus obligaciones.
Si existe la confirmación de que hay deudas aparecen dos escenarios para el contribuyente:
- Abonar la totalidad de la cantidad adeudada.
- Acogerse a un aplazamiento.
La segunda opción es un mecanismo muy útil para todos aquellos que no tienen la posibilidad de afrontar un pago de manera única, ya que les permite fraccionar la deuda en cuotas mensuales. Eso sí, deben completar este trámite antes de solicitar la pensión porque las deudas pendientes pueden retrasar e incluso impedir que se le otorgue la misma.
¿Se puede embargar una pensión?
Cuando se ha concedido una pensión, las deudas pendientes con la Seguridad Social o diferentes organismos pueden conllevar un embargo de la prestación. Pero existen límites que establece la ley para proteger a los pensionistas.
De acuerdo con el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la cuantía equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es inembargable. Para los ingresos superiores a esa cantidad se aplicarán porcentajes progresivos de embargo, que irán desde el 30% al 60% según el tramo. Por tanto, una parte de la pensión está garantizada para que los pensionistas puedan cubrir sus necesidades básicas.
Casos especiales
Hay situaciones de carácter especial, como por ejemplo las pensiones de viudedad en las que las deudas con la Seguridad Social pueden no afectar el acceso a la prestación. Así, una sentencia del Tribunal Supremo ya determinó que, si el cónyuge fallecido tenía deudas que ya estaba prescritas, el beneficiario podría recibir la pensión sin restricciones.
Esta prescripción de las deudas con la Seguridad Social se da a los cuatro años, siempre y cuando no haya habido acciones de reclamación durante ese periodo. Esta normativa ofrece un respiro a quienes se enfrentan a deudas antiguas cuando no se haya interrumpido el plazo de prescripción.
Por tanto, estar en deuda con la Seguridad Social puede conllevar problemas a la hora de acceder a la pensión de jubilación, pero hay mecanismos para poder regularizar la situación y que quede garantizado el cumplimiento de los requisitos. La clave está en actuar con antelación, conocer la normativa vigente y buscar el asesoramiento de expertos en la materia.