Desde hace muchos años, el problema de la vivienda es uno de los más importantes en todo el panorama nacional. Y lo seguirá siendo si no hay un cambio brusco respecto al mínimo. La situación se complica si hablamos de las grandes urbes o aquellas que son de claro destino turístico. Un ejemplo de ello es Catalunya, donde la vivienda centró parte del debate y tras el cual el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció que el suyo será el primer territorio del país en imponer sanciones para hacer cumplir la ley de la vivienda en 2025. Aseguró que serán sancionados quienes incumplan “los topes fijados por los alquileres en aquellas zona declaradas tensionadas”.
Illa declaró que “Catalunya será la primera comunidad autónoma en disponer de un régimen sancionador ante quienes quieran especular” ya que “las viviendas están para vivir”. En este sentido, el president anunció que el Govern desplegará estas sanciones “lo antes posible” y al margen de los presupuestos e incluirá también los recursos humanos necesarios.
El mandatario autonómico añadió que la consellera Silvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, está viendo cómo poner los mecanismos en marcha. Las medidas que se van a desarrollar incluirán la construcción de 50.000 viviendas públicas hasta 2030 y una inversión de 4.400 millones en esta legislatura. Estas sanciones son parte de una demanda de la formación de izquierdas, Comuns, para acercar posiciones con el PSC de cara a la negociación de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya de 2025.
Una plataforma de viviendas, en el ojo del huracán
La Dirección General de Consumo ha comenzado a dar ejemplo con un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos por anunciar alojamientos sin licencia. Según informó esta semana el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la medida se ha tomado porque la empresa mantuvo la oferta pesar de que en junio se le requirió la retirada de forma inminente.
En la actualidad, de acuerdo con Consumo, hay “miles de anuncios” sobre pisos turísticos que “contenían publicidad ilícita” en varias comunidades autónomas puesto que “no ofrecían número de licencias”. Desde el ministerio se avisó de que esta publicidad podría considerarse como prácticas comerciales “desleales” y también “lesiones y riesgos para los intereses” de los consumidores de forma generalizada.
Por ello, desde el Ministerio de Consumó se advirtió que en caso de que calificasen estas prácticas como infracciones graves las multas que se impongan podrán alcanzar los 100.000 euros, una cifra que se puede superar hasta alcanzar entre cuatro o seis veces el beneficio ilícito obtenido. Sin embargo, se matizó que el inicio de esta inspección no prejuzga el resultado final.
La medida de la Dirección General de Consumo se suma a otras iniciadas tiempo atrás en materia de vivienda como otra investigación relacionada con el sector de pisos turísticos por “posibles prácticas engañosas” y otra contra agencias inmobiliarias que hubieran llevado a cabo prácticas abusivas.
Con estas normativas queda claro que desde todas las instituciones se luchará todavía más para acabar contra estas empresas que perjudican al mercado inmobiliario y del que se generan numerosos ingresos que posteriormente no se declaran.
Desde Catalunya quieren marcar el camino y seguro que si todo transcurre como creen los mandatarios catalanes, si los resultados le acompañan, serán muchas más comunidades de nuestro país las que tomarán nota para comenzar a aplicar una normativa similar que cumpla con la Ley de la Vivienda. El arranque de 2025 será clave para ver la evolución en esta pelea que desde hace unos años se ha convertido en una de las que más preocupan en el sector inmobiliario y turístico, especialmente en verano.