La inflación continúa marcando la economía española y su impacto se extiende a las pensiones. Según los últimos datos del Índice de Precios de Consumo (IPC), la inflación ha mantenido una tendencia anual superior al 3% en los últimos cinco meses, con una tasa media del 3,2%.
Las proyecciones de Funcas sugieren que esta tendencia persistirá en lo que resta del año, con expectativas de que la inflación se sitúe entre el 2,8% y el 3,7%. Estas cifras anticipan una nueva subida de las pensiones en 2025, superior al 3%.
Desde 2022, las pensiones en España se actualizan cada enero basándose en la inflación media registrada en el año anterior, pero considerando el período de diciembre a noviembre. Por lo tanto, la revalorización de las pensiones en 2025 se calculará utilizando la inflación media entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024.
Así afecta la subida proyectada de las pensiones
Esta medida afecta a los más de 10 millones de pensionistas contributivos del país. En enero de 2023, las pensiones subieron un 8,5% debido a la inflación récord. En 2024, el aumento fue del 3,8%, y con las previsiones actuales, se espera que en 2025 la subida sea de aproximadamente el 3,2%. Las pensiones mínimas y no contributivas podrían experimentar un incremento aún mayor.
Actualizar las pensiones contributivas con un incremento del 3,2% implicaría un coste adicional cercano a los 6.000 millones de euros anuales. Las subidas previas ya han generado un sobrecoste estructural de más de 25.000 millones de euros. Actualmente, solo las pensiones contributivas representan un gasto de cerca de 180.000 millones de euros (casi 13.000 millones mensuales). Al considerar también las pensiones no contributivas y las clases pasivas, la factura total ronda los 200.000 millones de euros.
La Comisión Europea ha expresado su preocupación por esta vinculación al IPC, destacando los riesgos adicionales que representa para la sostenibilidad fiscal futura de España. En un reciente informe, los técnicos del Ejecutivo comunitario señalaron que «volver a vincular las pensiones a la inflación plantea riesgos adicionales de sostenibilidad fiscal para el futuro«, aunque reconocen que la legislación española contempla 11 acciones específicas para mitigar el impacto de mayores gastos.
La reforma de las pensiones aprobada por el actual Gobierno está bajo evaluación por la Comisión Europea, en el marco del cuarto pago de los fondos europeos. El envejecimiento de la población y la próxima jubilación de la generación del baby boom aumentan la presión sobre el sistema público de pensiones. Tanto Bruselas como el Banco de España han cuestionado recientemente la sostenibilidad de dicho sistema tras la reforma.
La sostenibilidad de las pensiones
España enfrenta un desafío significativo en la sostenibilidad de su sistema público de pensiones. La Comisión Europea ha alertado que España es el país de la UE con mayor aumento proyectado en el gasto en pensiones debido a la indexación al IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad. Se prevé que este gasto aumente del 12% del PIB actual al 14,3% en 2030, al 16,2% en 2040 y al 17,3% en 2050. Este incremento no será totalmente compensado por mayores ingresos.
Las medidas para aumentar las contribuciones al sistema y la edad efectiva de jubilación «compensan parcialmente este aumento», según las proyecciones de Bruselas. El sistema de pensiones público de España podría enfrentar un déficit máximo del 3,1% del PIB en 2053, lo que requerirá nuevos ajustes para mantener su viabilidad.
El Banco de España ha publicado datos que muestran un aumento del 182% en la deuda de la Seguridad Social en los últimos cinco años, alcanzando más de 116.000 millones de euros. Este incremento es resultado de los préstamos multimillonarios del Estado necesarios para cubrir las nóminas extra de las pensiones a fin de año.
España se ha convertido en el segundo país más generoso de la OCDE en términos de pensiones, con una tasa de reemplazo bruta del 80,4%, solo por detrás de Grecia (80,8%). Esta tasa mide los ingresos por jubilación en relación con los ingresos laborales, indicando que la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados es mínima.
Además, la Encuesta Financiera de las Familias (EFF), publicada recientemente por el Banco de España, muestra que la renta media es mayor entre los grupos de edad más longevos, quienes también acumulan más riqueza en comparación con los más jóvenes (menores de 45 años), cuya riqueza neta está en mínimos históricos.
Por tanto, mientras el IPC sigue elevándose, las pensiones en España se preparan para una nueva subida en 2025. Sin embargo, esta tendencia plantea importantes retos para la sostenibilidad fiscal del país, que necesitará encontrar un equilibrio entre garantizar el bienestar de sus pensionistas y mantener la viabilidad económica a largo plazo.