Dos vecinos de una exclusiva isla de Massachussets, Estados Unidos, se verán ahora también en los tribunales y con una demanda millonaria de por medio. Por una parte, Patricia Belford, y por otra Jonathan Jacoby. La primera ha denunciado al segundo por haber talado de forma ilegal 16 árboles de su propiedad con el objetivo de despejar la vista al océano Atlántico desde su vivienda. Belford esgrime que los árboles proporcionaban “sombra, valor estético, privacidad y reducción del ruido”.
El incidente se inició el pasado 22 de febrero en la isla de Nantucket, en la que hay numerosas segundas residencias. Según la denuncia, Jacoby habría accedido sin autorización al terreno de Belford para cortar árboles de más de nueve metros de altura, incluidos cedros, cerezos y cipreses de Leyland, que habían sido plantados en la década de 1970 por la familia de la propietaria. Durante casi medio siglo estos ejemplares habían servido como barrera visual, acústica y de privacidad frente a las casas colindantes.
Una indemnización millonaria por talar árboles
La denuncia presentada por Belford reclama una indemnización de 1,4 millones de dólares, cerca de 1,2 millones de euros, por los daños ocasionados por su vecino. Entre los argumentos que expone Belford destacan que estos árboles proporcionaban “sombra, valor estético, privacidad y reducción del ruido”. La suma, además, incluye no sólo el coste estimado de la replantación, sobre 500.000 dólares, también el perjuicio patrimonial derivado de la destrucción del entorno natural de la propiedad.
En la denuncia consta que Jacoby habría actuado “a sabiendas” y también “sin tener derecho legal a hacerlo” con el fin de mejorar las condiciones visuales de su propia vivienda. El que fuera jardinero del acusado ha declarado ante los investigadores que Jacoby le pidió ayuda para limpiar la zona tras haber talado los árboles, confirmado así su implicación directa en los hechos.
La policía local ha abierto una investigación sobre este caso, que ha generado una fuerte reacción entre los residentes de esta isla de 15.000 habitantes, muchos de ellos propietarios de viviendas de un alto valor. La demanda no sólo plantea una cuestión de daños materiales, también de derechos de propiedad y convivencia en una comunidad en la que el acceso visual al mar puede tener un elevado precio.
El castigo en España
En la mayoría de las Comunidades Autónomas de nuestro país, la tala o poda ilegal del arbolado urbano está sujeta a sanciones y multas establecidas por la normativa actual. El incumplimiento de las regulaciones en materia de arbolado urbano puede acarrear consecuencias legales y económicas para los responsables de dichas acciones.
Así, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la Ley 2005 dice que las infracciones serán sancionadas con las siguientes multas:
- Infracciones muy graves. Se consideran así la tala, derribo o eliminación de los árboles urbanos protegidos por las ordenanzas, sin permiso o incumpliendo las condiciones establecidas en las ordenanzas, salvo por razones motivadas por seguridad para personas o bienes. Es decir, tala de árboles de más de 10 años de edad o de más de 20 centímetros de diámetro. Multa desde 100.001 a 500.000 euros.
- Infracciones graves. En este caso entran cualquier actividad en la vía pública que de modo directo o indirecto cause daños al arbolado público; talas, derribos o eliminaciones en los que se incumpla parcialmente el permiso; podas o tratamientos inadecuados; obstrucción a la labor de inspección. Multa desde 10.001 a 100.000 euros.
- Infracciones leves En este apartado está la utilización de árboles como elementos decorativos, publicitarios o festivos sin la protección adecuada o poner grapas, clavos, celo u otros elementos. Sanción desde 300 euros a 10.001 euros.