Si el mercado inmobiliario español ya estaba en una situación complicada, mucho más tras un fenómeno que cada vez está más presente y preocupa más: la compraventa de viviendas okupadas. De acuerdo a los datos del portal Idealista, más de 20.000 inmuebles en esta situación se encuentran en estos momentos a la venta en nuestro país. Esta extraña circunstancia, lejos de ser marginal, se ha convertido en una oportunidad para inversores especializados que “al final acaban haciendo negocio con esta situación”, advierte Carles Solé, experto en el sector. Añade que muchos compradores han profesionalizado este tipo de adquisiciones, evitando los largos procesos judiciales mediante acuerdos fuera de la ley.
Imposible realizar una tasación
La peculiaridad de este tipo de transacciones radica en la opacidad de las mismas. Al no poderse acceder a la vivienda okupada resulta imposible realizar una tasación, lo que descarta finalmente la financiación hipotecaria a la que estamos acostumbrados, la legal. Solé asegura que “captar financiación en este tipo de adquisiciones no es viable”, lo que limita las operaciones a los inversores con elevada capacidad económica, que pueden adquirir los inmuebles al contado, sin prisa por vender y con equipos legales para negociar con los okupas. Solé insiste en la importancia de documentar el estado del inmueble ante notario durante la venta, para evitar futuras reclamaciones.
Esta tendencia no hace más que aumentar el problema estructural en el que se ha convertido la okupación. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 16.426 denuncias por intrusión en inmuebles, un 7,4% más que en 2023. En Cataluña se concentran el 40% de los casos, con 7.009 denuncias, seguida de Andalucía (2.207) y la Comunidad Valenciana (1.767). La disparidad regional refleja los factores como la presión demográfica, políticas locales laxas y la histórica presencia de movimientos sociales que defienden la ocupación, especialmente en áreas metropolitanas como Barcelona.
Un activo especulativo
Otro experto en el ámbito inmobiliario, Vicenç Hernández, alerta de que la desprotección jurídica de la propiedad y normativas “con sesgo ideológico”, como la limitación de rentas al alquiler, están reduciendo la oferta de vivienda, especialmente en Barcelona frente a Madrid. Hernández señala que “la rentabilidad no solo depende de los ingresos, sino del riesgo. Y si este es demasiado alto, los inversores se retraen”. Esta dinámica lo que hace es agravar el desequilibrio entre oferta y demanda, encareciendo los precios y dificultando el acceso a la vivienda para familias jóvenes.
Además, la profesionalización de la compra de pisos okupados podrían incentivar directamente la okupación, al convertirla en un activo especulativo. Así, Solé avisa que “algunos compradores ven aquí una oportunidad, pero normalizarlo perjudica a la confianza en el mercado”. A esto hay que añadir que aunque la inversión en vivienda para uso propio sigue siendo segura, el riesgo regulatorio y la falta de protección legal están disuadiendo a muchos pequeños inversores.
El impacto macroeconómico de los okupas
Esta situación aparece en una economía, la española, que se enfrenta a desafíos como el aumento del precio de la vivienda y la caída en el consumo. Y es que los alquileres han crecido un 20% en la última década, generando tensiones sociales. Así, la okupación y su mercantilización podrán exacerbar estos problemas, sobre todo en ciudades con alta demanda turística y escasez de suelo, como es el caso de Barcelona.
Los expertos coinciden en que si no hay políticas a largo plazo para aumentar la oferta de vivienda y que protejan la propiedad, el fenómeno seguirá creciendo, por lo que se requiere de un “pacto de Estado que trascienda ideologías”. Para Solé, “lo peligroso no es solo la okupación, sino que algunos estén sacando provecho de ella”.