La evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) ha adelantado otra subida significativa de las pensiones en España, con un incremento previsto de más del 3% para el año 2025. Este aumento se basará en la inflación media registrada entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, una fórmula implementada desde 2022 para ajustar las pensiones al costo de vida.
En los últimos meses, el IPC ha mantenido una tendencia alcista, con una tasa media de inflación del 3,2% entre diciembre y abril. Según las proyecciones de Funcas, la inflación anual para el resto del año oscilará entre el 2,8% y el 3,7%, lo que dejará la media anual ligeramente por encima del 3%.
Estas cifras sugieren que las pensiones contributivas se incrementarán alrededor del 3,2% en enero de 2025, con un ajuste posiblemente mayor para las pensiones mínimas y no contributivas.
Así afectará la subida de las pensiones
El incremento de las pensiones en un 3,2% implicará un costo adicional de aproximadamente 6.000 millones de euros anuales para el Estado. Las revalorizaciones de los últimos años ya han supuesto un sobrecoste estructural de más de 25.000 millones de euros. Actualmente, las pensiones contributivas tienen un coste cercano a los 180.000 millones de euros anuales, y si se incluyen las pensiones no contributivas y las clases pasivas, la factura total se aproxima a los 200.000 millones de euros.
La Comisión Europea ha expresado su preocupación sobre la sostenibilidad fiscal de vincular las pensiones al IPC. En un informe reciente, los técnicos comunitarios advirtieron que esta medida presenta riesgos adicionales para la estabilidad financiera futura, aunque la legislación vigente incluye 11 acciones específicas para mitigar el impacto de posibles mayores gastos.
Desafíos de sostenibilidad del sistema de pensiones
La reforma de las pensiones implementada por el actual Gobierno está pendiente de evaluación por parte de la Comisión Europea en el contexto del cuarto pago de fondos europeos. El envejecimiento de la población y la inminente jubilación de la generación del baby boom aumentan la presión sobre el sistema público de pensiones. Tanto los técnicos de Bruselas como el Banco de España han cuestionado recientemente la sostenibilidad del sistema tras las reformas.
España se enfrenta a un aumento significativo del gasto en pensiones, que se prevé pasará del 12% del PIB actual al 14,3% en 2030, al 16,2% en 2040 y al 17,3% en 2050. Este incremento no será completamente compensado por un aumento en los ingresos, lo que llevará al sistema de pensiones a un déficit máximo del 3,1% del PIB en 2053.
Los datos del Banco de España ya reflejan un aumento del 182% en la deuda de la Seguridad Social en los últimos cinco años, alcanzando un récord histórico de más de 116.000 millones de euros. Este incremento se debe en gran medida a los préstamos estatales necesarios para cubrir las nóminas extraordinarias de las pensiones a finales de año.
España es el segundo país de la OCDE más generoso con sus pensionistas, con una tasa de reemplazo bruta del 80,4%, solo superada por Grecia. Esto indica que la pérdida de poder adquisitivo que sufren los jubilados al dejar el mercado laboral es cada vez menor. Además, la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España muestra que los ingresos y la riqueza son más altos en los grupos de edad más longevos, en contraste con la situación de los más jóvenes, cuya riqueza neta está en mínimos históricos.
Por tanto, aunque la revalorización de las pensiones para 2025 proporcionará alivio financiero a los jubilados, plantea importantes desafíos de sostenibilidad que el Gobierno y las instituciones europeas deberán gestionar cuidadosamente para garantizar la viabilidad del sistema a largo plazo.